Y MIENTRAS A NOSOTROS NOS SIGUEN QUERIENDO HACER CREER QUE SOMOS CULPABLES

La banca cerró 2013 con unos 9.000 millones de euros de beneficio.

El beneficio conjunto de las principales entidades financieras podría alcanzar los 8.873 millones de euros. En 2012, tuvieron pérdidas de más de 17.000 millones, por el lastre de Bankia y, en menor medida, Popular.

La banca cerró 2013 con unos 9.000 millones de euros de beneficio,Banca.

Esta mejora, sin embargo, se explica sobre todo por la fuerte caída de las provisiones, que en 2012 se dispararon por las exigencias de saneamiento del ladrillo impuestas por los dos primeros Reales Decretos de la reforma financiera.

Esta caída de las dotaciones dispara los beneficios, pero la parte alta de las cuentas sigue sufriendo, debido al entorno de los tipos de interés y a que la actividad crediticia todavía no se ha reanimado. El margen de interés, que recoge los resultados de la actividad bancaria más típica, seguirá cayendo, pese al descenso del coste de la financiación minorista por el fin de la guerra del pasivo. De acuerdo con los cálculos realizados por Expansion.com, en promedio este margen registrará una caída interanual del 6,3%.

A pesar de las especificidades de cada entidad, otro de los rasgos comunes a los resultados anuales debería ser el recorte de costes, ya que se empiezan a ver los frutos de los planes de ajustes que, en mayor o menor medida, han afectado a todo el sector. Finalmente, otro elemento común a la mayoría de los bancos son las plusvalías obtenidas por la venta de activos no estratégicos a lo largo del año.

La mejora de resultados dará más visibilidad a los bancos que, en este principios de 2014, se están beneficiando de un buen momento en las bolsas. Sin embargo, los expertos coinciden que no todos los problemas se pueden dar por superados. El año que acaba de empezar será duro en el ámbito de la regulación, ya que todos los bancos europeos tendrán que pasar por un examen de balances y unos stress test, antes de acabar bajo la supervisión única del BCE.

En clave más interna, los bancos españoles tienen por delante la lucha para recuperar la rentabilidad perdida. Sus cuentas tienen que volver a sostenerse sin el apoyo del llamado carry trade, la compra de deuda altamente rentable con fondos baratos obtenidos del Banco Central Europeo (BCE). A la morosidad, además, todavía le quedan unos trimestres de subida, debidos, principalmente, a que los saldos crediticios seguirán disminuyendo, pese a la tímida recuperación que se ve en la nueva financiación.

Los dos grandes»

En el caso de Santander y BBVA, los dos grandes bancos españoles con una fuerte presencia internacional, la música que toca España no es la única que dirige su baile. Los analistas prevén que el banco que preside Emilio Botín anunciará unas ganancias de 4.722 millones de euros, lo que supone duplicar las ganancias del año anterior. Estas previsiones indican que Santander habría ganado 1.412 millones en el último trimestre del año, frente a los 1.055 millones obtenidos en los tres meses anteriores. Cabe recordar que, en este periodo, Santander tiene 750 millones de plusvalías de la venta de su gestora para contabilizar.

Distinta es la situación de BBVA que, en el último trimestre del año, hasta podría presentar un resultado negativo. De acuerdo con las previsiones, de hecho, el resultado del cuarto trimestre estanco podría arrojar números rojos por unos 580 millones, lo que no impedirá a la entidad presentar un resultado anual de casi 2.500 millones, el 49% más que en 2012. Las pérdidas del último trimestre se explican por la minusvalía de 2.300 millones que el banco tiene que contabilizar tras la reducción de su presencia en el chino Citic.
Estos números rojos se verán parcialmente compensados por las plusvalías: se esperan unos 500 millones por la venta de la gestora de pensiones de Chile, otros 150 millones por la salida de Panamá y unos 90 millones aproximados por el dividendo extraordinario de Telefónica.

Los medianos»

Los analistas esperan que Sabadell consiga casi triplicar su beneficio de 2012, alcanzando los 203 millones de euros de ganancias. Los resultados del banco que preside Josep Oliú se beneficiaron el año pasado de las abundantes plusvalías conseguidas con los movimientos de cartera: sólo hasta septiembre, estas operaciones aportaron más de 1.200 millones a los ROF (Resultados de Operaciones Financieras).
Cabe recordar que la comparativa interanual de los resultados del banco catalán se sigue viendo afectada por los múltiples cambios de perímetro, ya que la entidad ha sido una de las más activas en el proceso de consolidación que vive la banca española desde el estallido de la crisis. Además, en el último trimestre, le quedaba por reclasificar los créditos refinanciados de las últimas entidades incorporadas: el negocio de Caixa Penedés adquirido a BMN, así como Llodys Bank International y Lloyds Investment España.

En el caso de Popular, el mercado no cree que el banco cumplirá con el objetivo de beneficio para 2013 que había anunciado en su plan estratégico, lanzado contextualmente a la macroampliación de capital que le permitió eludir las ayudas públicas. El consenso apuesta a un beneficio anual de 210 millones de euros, lo que implicaría que el grupo habría cerrado el último trimestre estanco con pérdidas cercanas a los 20 millones.
Cabe recordar que los bancos españoles se están preparando para salir bien en la foto que les hará el BCE antes de transformarse en su supervisor. Popular, ya en el anterior trimestre, aseguró haber sacrificado beneficio para ir reduciendo su dependencia de la financiación del banco central europeo, reduciendo así las ganancias obtenidas con el carry trade. Con respecto a la capacidad para cumplir con el objetivo de beneficio, la cúpula del banco fue prudente en septiembre, y avisó que mucho dependería de cómo evolucionaría el entorno normativo y regulatorio.

Para CaixaBank, el consenso apunta a un beneficio anual de 569 millones de euros, el 147% más que los 230 millones de 2012. El banco filial de La Caixa apuntará en el último trimestre las plusvalías por la venta del 51% de Servihabitat y del negocio de seguro no vida de Banca Cívica y Banco de Valencia. Ya en septiembre, los resultados del banco que preside Isidro Fainé se han apoyado en las plusvalías contables aparecidas por la diferencia negativa en la consolidación de BdV y los beneficios fiscales materializados de los activos fiscales diferidos del grupo.
Con los datos de septiembre, la entidad catalana era la única que conseguía una mejora de su margen de interés que, en ese momento, crecía el 3,2%. Esta subida a contracorriente se explica, en parte, por el cambio de perímetro con la incorporación de BdV. Los analistas creen que este incremento se reducirá hasta el 1% para el conjunto del año.

La subida de los beneficios de Bankinter será rozará el 69% según los analistas, hasta situarse en 211 millones. El banco que dirige María Dolores Dancausa debería haber conseguido el objetivo de ir paliando la caída de los ingresos financieros. El descenso del margen de interés, que hasta septiembre era del 10%, debería haberse reducido a menos del 4%, premiando así los esfuerzos de la entidad para cambiar el mix de su cartera hacia productos con más margen que las hipotecas.

Bankia» Los analistas no esperan sorpresas de Bankia, a la que asignan un resultado annual de 460 millones de euros, después de cerrar septiembre con 362 millones. Su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), debería alcanzar el objetivo de ganar 800 millones en el año, según ha confirmado recientemente el presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

Bankia, que en los últimos días ha estado bajo el foco de la atención por la supuesta intención del Gobierno de adelantar la venta de una parte de su participación, debería haber conseguido moderar la caída del margen de interés, que en septiembre superaba el 29%. En diciembre, de acuerdo a las estimaciones del consenso, será algo superior al 13%. Cabe recordar que parte de la caída de la actividad de Bankia se explica por la venta de negocios no estratégicos y oficinas, en línea con el plan de reestructuración aprobado por Bruselas.
Pese al buen momento que vive la entidad nacionalizada, los analistas recuerdan que una de sus tareas pendientes es reducir la dependencia de sus cuentas del carry trade e ir, paulatinamente, recuperando la rentabilidad de su negocio tradicional.

 

 

 

 

 

1er ANIVERSARIO DE PAHC MOLLET

TODAS SOMOS IMPRESCINDIBLES Y JUNTAS SOMOS IMPAHRABLES.
(ADA COLAU)

EL VALLÉS ORIENTAL EN MARXA PELS DRETS SOCIALS 31M_2014

Des de fa uns anys, i arran de l’inici de l’última crisi de l’economia capitalista, estem vivint una època de regressió profunda en matèria de drets civils, laborals i socials. Avui ens enfrontem a una estratègia política de despossessió massiva de les classes populars i dels sectors més vulnerables de la població, els quals veiem reduïda a marxes forçades la nostra part en la distribució de la renda, per tal de transferir aquests recursos al capital financer, precisament, l’agent que ha estat el causant de la crisi (i que n’és, alhora, el beneficiari). Aquesta estratègia està afectant especialment les poblacions de l’Europa mediterrània i, per tant, també als treballadors i les treballadores de Catalunya, i del conjunt dels Països Catalans. Les conseqüències d’aquesta estratègia encapçalada per la “troika” que conformen la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional, i el Banc Central Europeu, amb la connivència necessària dels governs catalans i espanyols.

Tots els avenços en matèria de llibertats democràtiques, de drets laborals i de drets socials que hi ha hagut al llarg de la història han estat sempre una conseqüència de la lluita de classes. Han estat, en gran mesura, un seguit de concessions fetes amb comptagotes per les classes dominants per a apaivagar i mantenir a ratlla la força organitzada de les classes subalternes i garantir la continuïtat de l’ordre social capitalista. Tanmateix, i des de la nostra perspectiva, es tracta de conquestes, potser insuficients, però -al capdavall-, conquestes, les quals van ser assolides a costa de l’esforç i del sacrifici de molts lluitadors i lluitadores, i gràcies a les quals amplis sectors de la població han pogut gaudir fins fa ben poc d’un nivell de vida més digne del que van tenir aquells i aquelles que ens van precedir. És per aquest motiu que creiem que cal plantar cara i no restar indiferents davant el desmuntatge sistemàtic i premeditat del nostre règim de drets socials, la majoria dels quals estan reconeguts dins la Declaració Universal dels Drets Humans. I menys encara quan aquest s’està duent a terme per la via de les retallades pressupostàries, i en el marc d’un procés de conversió en deute públic del gegantí deute privat generat durant anys d’especulació.

Exigim fer marxa enrere en totes les retallades que ens afecten, en tots els àmbits: La sanitat, l’ensenyament i les pensions públiques, les prestacions de dependència, la cobertura d’ingressos de les persones aturades o en situació de vulnerabilitat, etcètera. Rebutgem la privatització de serveis públics, adreçada a fer negoci amb la nostra salut i amb les nostres vides. Rebutgem que se’ns condemni a l’empobriment per a poder salvar els bancs i el capital financer. Rebutgem que no es faci efectiu el drets a l’habitatge i que continuï el drama dels desnonaments. Rebutgem pagar un deute que no hem contribuït a generar i que no és nostre. Creiem necessari lluitar per a girar la truita d’aquesta dinàmica de retallades i patiment, i imposar els interessos de la majoria social al capital financer transnacional i als seus servidors polítics. Cal fer front, de manera col·lectiva, a un sistema que ens explota i ens escanya. No acceptem més pèrdues de drets, ni més retallades, ni més privatitzacions, ni més agressions a les nostres prestacions socials i condicions de treball.

Totes aquestes retallades mostren també com els poders públics estan delegant a “algú altre” el treball de cura de les persones, sense remunerar-lo. Aquest “algú”, acaben essent sempre les dones, les quals es veuen socialment forçades a assumir qualsevol tasca de cura dins la llar, responent al rol de gènere que se’ls ha assignat tradicionalment dins la societat patriarcal capitalista (els treballs domèstic i reproductiu). Cal posar de manifest l’estreta vinculació entre les retallades i el reforçament de la dominació patriarcal, i el fet que la crisi econòmica també condueix a un augment de la violència domèstica, o de la discriminació per raó de gènere dins l’àmbit laboral. Així mateix, la crisi política retalla el dret a decidir sobre el propi cos amb lleis que limiten l’accés a un avortament segur, lliure i gratuït.

Considerem que cal eradicar l’homofòbia i la transfòbia, i treballar per la llibertat d’opció sexual i d’identitat de gènere. La lluita per l’alliberament lèsbic, gai, trans i intersexual és cabdal per a construir una societat no patriarcal.

Per altra banda, veiem també com s’ha especulat amb el territori i es segueixen posant els recursos naturals al servei de l’economia i per a l’obteniment de beneficis per part del capital, com poden ser el Karting de Llinars, el 4rt Cinturó o el Golf de Villalba. A la vegada, que la sobirania alimentària i energètica s’ha cedit a grans corporacions en detriment dels petits productors i el comerç de proximitat. La lluita per la terra també és la lluita pel dret a una vida digna.

Els mateixos governs que apliquen aquestes polítiques reprimeixen amb duresa els qui protestem per les retallades dels nostres drets, utilitzen la legalitat com a arma d’atac invocant la sagrada i intocable Constitució, i ataquen drets tan fonamentals com el dret a decidir del nostre poble. Es mantenen presoners polítics, es criminalitza i reprimeix els sectors joves i els moviments socials que lluiten per la justícia.

Darrere de l’ofensiva que estem patint a tots els nivells predomina una determinada ideologia: La d’establir una societat per a rics i una altra per a pobres, en la qual uns tenen el capital suficient per a comprar mà d’obra a preu sempre rendible per als seus interessos i, per tant, poden accedir a la provisió privada de serveis bàsics, mentre uns altres només compten amb la seva força de treball per a sobreviure. És per aquest motiu que la lluita contra les privatitzacions i les retallades, així com la lluita per la millora dels drets dels treballadors i les treballadores, tant en el sector privat com en el sector públic, són només una part de la lluita global contra aquest sistema d’explotació capitalista.

Només la coordinació de les diferents lluites sectorials, i la implicació en elles d’una part majoritària de la població, podrà frenar i revertir el procés en curs de mercantilització i desmantellament dels sistemes públics de protecció social.

Considerem, doncs, que hem de passar a una fase d’acumulació de forces des de la societat civil, amb l’objectiu no només de mantenir els drets que s’havien aconseguit, sinó de desemmascarar aquest sistema pervers que fomenta les desigualtats i l’explotació de classe. Cal superar l’actual règim de drets socials, però en un sentit totalment oposat al camí que actualment ens volen fer recórrer. Superar-lo mitjançant l’extensió, universalització, democratització i autogestió dels drets socials, en una perspectiva igualitària.

En definitiva, volem viure i conviure en una societat basada en la solidaritat entre els pobles; on els treballadors recuperin el seu orgull de classe treballadora i amb un model productiu que tendeixi al decreixement i que respecti les persones i el medi ambient; on els nostres recursos econòmics reverteixin en el benestar de tothom i no vagin en contra; on puguem exercir el dret a decidir en llibertat, i on la corrupció sigui eradicada.

Volem i desitgem que les nostres veus siguin garants d’un futur sense classes dominants ni dominades, de la llibertat i de la justícia social, del futur dels nostres fills, filles, nets i netes, per tal que puguin créixer forts, lliures i solidaris. I això no serà possible si no ens unim, lluitem i defensem el que és nostre… perquè la lluita és l’únic camí.

 

NO AL DESNONAMENT DEL BLOC DE PAH SABADELL

146 PERSONES PODRIEN QUEDAR-SE AL CARRER!

Des de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell i la comissió d’Obra Social de la PAH volem alertar de les últimes notícies que hem rebut els darrers dies en relació al darrer bloc que vam alliberar a la ciutat el 13 d’abril de 2013, on actualment hi viuen 146 persones. El fiscal i la jutgessa han pres unilateralment la decisió de desallotjar de forma cautelar i immediata el bloc de 40 pisos alliberat per la PAHC, sense opció a recórrer i sense que ho hagi demanat la SAREB, propietària de l’edifici. Aquesta decisió ja ha estat trasllada als Mossos d’Esquadra, que poden executar-la en qualsevol moment, fent perillar el domicili de les 146 persones.
La resolució de la magistrada del jutjat d’instrucció 4 de Sabadell, Inmaculada Vacas, que acorda aquest desallotjament cautelar, és a dir, prèviament a la celebració del judici, no realitza cap valoració de les circumstàncies que li han fet prendre aquesta decisió, i es contradiu totalment amb la que ella mateixa va emetre fa un any, quan la propietat de l’edifici, la SAREB, va demanar el desallotjament. En aquella ocasió va optar per no desallotjar; apel·lant a la funció social com a límit a la propietat privada, i expressant que era prioritari garantir les necessitats habitacionals de les famílies a les de la SAREB, que mantindria novament l’edifici en desús.

Després d’això la SAREB no va tornar a fer cap més pas i el desallotjament va quedar aturat fins que es decidís, en tot cas, després del judici.És per això, que ens resulta incomprensible i incoherent aquest canvi de criteri de la mateixa magistrada, sense que cap circumstància hagi variat des de la seva primera decisió, i sense cap argumentació ni opció a recurs. Per altra banda, el fiscal, Sr. Ignacio Abinzano, demana, també, que cada persona acusada en el procés pagui una multa de 2.250 euros o la substitució d’aquesta multa per tres mesos de presó en cas de no abonar l’import, com podria resultar per la majoria d’aquestes famílies, ja que no tenen cap ingrés. Per tant, hi ha el risc que aquestes persones entrin a presó.

Ens enfrontem a un macro-desallotjament de 40 pisos, a on hi viuen 88 persones adultes, entre les quals 6 embarassades, i 58 menors.Totes elles són famílies ja desnonades que han trobat a la PAHC la única sortida per fer factible l’accés a l’habitatge. La situació esdevé paradoxal ja que aquestes famílies poden patir un nou desallotjament per petició i acord de l’administració judicial, després de no haver rebut cap ajuda per part de l’administració per garantir el seu dret a l’habitatge.El mateix Ajuntament de Sabadell ha fet públic, en repetides ocasions a petició nostra, que no té recursos per garantir aquest dret bàsic a la població que ho necessita.Un cop més, els poders judicials han llançat un atac directe contra drets fonamentals de les persones, prenent una decisió que pot tenir conseqüències molt greus per a desenes de famílies que es veurien desnonades novament, i empeses a viure al carrer.
Entenem, doncs, que és una qüestió d’urgència, de respecte dels drets humans per part dels poders públics i de responsabilitat social de les administracions, protegir aquestes famílies i no permetre que pateixin ni un desnonament més.Aquesta situació és conseqüència directa de com els governs organitzen el sistema al servei d’una economia condicionada pel mercat financer, i no es responsabilitzen de garantir les necessitats més bàsiques de les persones, fent-les responsables de problemes macroeconòmics.

Davant aquesta realitat, exigim que aquest desallotjament no sigui executat i que els poders públics garanteixin la protecció de les famílies que corren el risc de quedar-se al carrer. En cas contrari, ens veurem obligats a anar a instàncies superiors com el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Iniciem campanya d’adhesions per a totes les organitzacions, col·lectius i entitats que vulguin sumar-s’hi. La nostra lluita diària ens ha demostrat que només de forma col·lectiva i organitzada podem fer front als constants atacs que patim del poder judicial, la classe política i els cossos de seguretat. I així ho seguirem fent aquesta vegada.

SEGUEIX ALS COMPAHS DE PAHC SABADELL, FENT CLICK AQUI

CARTELL DE PRESENTACIÓ DE L´ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGETICA A MOLLET DEL VALLÉS

PRESENTACIÓ ACPE_MOLLET

Calendario Semanal de PAHC Mollet

Martes 27 de Mayo:

Por la mañana:

DESAHUCIO:

LUGAR: c/Alcudia nº 79-81 (barri de Porta) – BCN – al lado Oficina Correos de Nou Barris

Hora: 9:00hrs.

Cómo llegar: Metro L4 Llucmajor, BUS: 32,47,50,51…

JUICIO:

SOPORTE A: Compahs de PAH Sabadell

LUGAR: Juzgados de Sabadell, Avinguda de Francesc Maciä 34 – Sabadell

HORA:12:00hrs.

 

Por la tarde:

Presentación:

Marxa pels drets socials del Vallés.

LUGAR: La Marineta, Plaça de l´esglesia 7 – Mollet del Vallés

HORA:18:00hrs.

 

Miercoles 28 de Mayo:

Por la mañana:

DESAHUCIO:

LUGAR: c/Vallcivera nº20 (Ciutat Meridiana)-BCN-

Hora: 9:00hrs.

Cómo llegar: Metro L11, Torre Baró

 

LUGAR: c/Richard Strauss nº42-46, Badalona

Hora:11:30 hrs.

Cómo llegar: Metro L10, La Salut

 

Por la tarde:

 

18:30 a 21:00hrs. – Acogida de afectados y asesoramiento colectivo

(Centre civic Can Pantiquet, C/Can Flaquer Nº25)

 

Jueves 29 de Mayo:

Por la tarde:

 

17:00 a 18:45hrs. – Storm brain

(Centre civic Can Pantiquet, C/Can Flaquer Nº25)

 

19:00 a 21:00hrs. – Presentación de la Aliança contra la pobreça energetica – Comarca del Vallés

(Centre civic Can Pantiquet, C/Can Flaquer Nº25)

 

 

Viernes 30 de Mayo:

 

Por la mañana:

 

Apoyo a la manifestación de los @IAIOFLAUTAS.

Lugar: Plaça de la Catedral – BCN

Hora: 11:00hrs.

Como llegar: Metro L4 – JaumeI

 

 

Aliança contra la pobresa energetica

L’Aliança contra la pobresa energètica Mollet del Vallés engega una
campanya sobre els nous acords entre empreses i
administració aconseguits gràcies a la pressió social
0• La plataforma d’entitats socials, veïnals i ecologistes es mobilitza davant
la política indiscriminada de talls de subministraments i la manca
d’informació pública de les multinacionals de l’aigua i l’energia i de les
administracions
0• L’Aliança es mostra crítica amb els protocols signats per empreses i
administracions ja que suposen una flagrant transferència de recursos
públics i no generen solucions efectives a la vulneració sistemàtica dels
drets humans
Comença a la comarca, desde la seu de Mollet del Vallés una campanya informativa i de denúncia
indefinida, amb l’objectiu d’informar a les persones afectades per talls de llum, aigua o gas, o que
no poden fer front al pagament de les factures dels seus serveis bàsics, així com als i a les
professionals dels serveis socials.
La campanya “Tens drets, que no te’ls tallin” dóna informació, a través de díptics, xarxes
socials, un lloc web propi –http://pobresaenergetica.es– i altres mitjans, dels protocols d’actuació
que s’acaben de posar en marxa i que marquen les passes que han de donar les persones afectades.
Gràcies a la pressió exercida per l’Aliança, s’ha aconseguit que Endesa, que fins ara havia fet
cas omís als reclams de la ciutadania, habiliti 5 punts d’atenció específics per atendre i estudiar els
casos de vulnerabilitat econòmica. Es tracte de :
1. L’Oficina Comercial de Barcelona (Gran Via, 608, Barcelona)
2. L’Oficina Comercial de Sabadell (Sallarès i Pla, 6, Sabadell)
3. L’Oficina Comercial de Tarragona (Mallorca, 7, Tarragona)
4. El Punt de Servei Terris Tura de Girona (Plaça Països Catalans, 1, Girona)
5. El Punt de Servei Instafersa de Lleida (Avinguda Alcalde Recasens, 55-57, Lleida)

D’altra banda, a Barcelona l’ Ajuntament ha signat un conveni amb Endesa que garanteix que
no es tallarà l’electricitat i/o el gas en els casos que siguin comunicats des dels centres de Serveis
Socials i que el cost de les factures serà assumit per l’administració barceloninaA l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, AGBAR no pot tallar el subministrament d’aigua durant el
procés de valoració de la capacitat econòmica de la persona afectada per part de serveis socials, ni
tampoc si finalment se l’eximeix de pagament per manca de recursos. Així ho ha acordat l’Entitat
Metropolitana de Barcelona.
Pel què fa al subministrament de gas, en el marc del decret de pobresa energètica de la
Generalitat, inicialment previst pels mesos d’hivern, però estès a la resta de l’any, es poden evitar
els talls de gas previ contacte amb serveis socials.
L’Aliança és crítica amb aquests primers passos
L’Aliança considera que les «respostes» que les administracions i les multinacionals de l’aigua i
energia han donat fins al moment, només es poden qualificar de mesures de mínims, ja que no
mostren una voluntat de solucionar de forma efectiva la vulneració sistemàtica de drets humans
que suposa la manca d’accés adequat als subministraments bàsics. Aquests acords suposen a més
una transferència de recursos públics a les butxaques de les companyies subministradores, ja que
finalment en tots els casos qui acaba assumint la negociació del pagament – i en ocasions la
bonificació total- són els serveis socials dels ajuntaments a través de partides pressupostàries
públiques, és a dir, dels impostos de la ciutadania.
Davant la manca de compromís de les empreses subministradores, que no volen assumir els
impagaments a través de polítiques tarifàries socials o fons especials, i l’actitud de les
administracions públiques, que no estan a l’alçada de les seves responsabilitats amb aquest greu
problema social- la pobresa energètica afecta ja al 17% de la població a l’Estat espanyol, les
entitats de l’Aliança anuncien que seguiran amb actuacions públiques de denúncia amb la
finalitat de:
0• Garantir l’accés universal als serveis bàsics: totes les famílies que no puguin fer front als rebuts han de
tenir accés a un mínim del servei per poder viure amb dignitat i, per tant, no han de patir cap tall.
0• Evitar els talls indiscriminats de subministraments a tota Catalunya que fins ara estan exercint les
companyies distribuïdores d’aquets serveis. L’administració ha d’exercir el seu paper de garant dels drets i
no deixar aquesta decisió a la discrecionalitat de l’empresa subministradora.
0• Defensar els drets humans: La ciutadania ha de saber que l’accés a la llum, el gas i l’aigua són drets
humans bàsics, com declara el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC)
aprovat el 1966 per l’ ONU, i que l’accés als subministraments bàsics és inherent a tenir unes condicions
dignes d’habitatge, tal com assenyalen la Constitució i l’Estatut.

Descarrega’t el tríptic

Entitats de l’Aliança:

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Front Cívic de Catalunya
Iaioflautes
Marea Pensionistes
Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya
Plataforma Aigua és Vida
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
Xarxa per la Sobirania Energètica

 

Declaraciones sobre #Escraches, Soraya Sáenz de Santamaria

El Ministerio de Justicia estudia la legislación para tratar de combatir los escraches a los políticos, ha anunciado el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de la primera reacción oficial a la decisión de la Audiencia de Madrid que aseguró en un auto que los escraches son un «mecanismo de protesta democrática» y, por tanto, no encontró delito en el acto de protesta del pasado abril ante el domicilio de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El titular de Justicia ha explicado también que el Gobierno acata el fallo judicial pero que no lo comparte, porque el ordenamiento jurídico español y hasta la legislación europea defienden la «inviolabilidad del domicilio». Los escraches son actos de protesta a las puertas de las viviendas de los políticos, en la vía pública, pero en ningún caso se producen en su interior.

«La legislación española sí protege la inviolabilidad del domicilio», ha afirmado el ministro, que también ha mencionado que así lo defiende también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gallardón ha insistido en que, en el caso de la vicepresidenta, «sí se produjo una violación de esa inviolabilidad»

«Yo la acato», ha dicho también sobre la decisión la vicepresidenta. «Otra cosa es lo que yo pienso», ha añadido para explicar que los políticos están obligados a asumir una faceta pública en el desempeño de los cargos públicos. Pero, ha puntualizado, «hay un escenario privado que no es solo nuestro, es de nuestras familias, que no tienen nada que ver». Después, ha englobado en esa esfera privada a «familiares y vecinos» de los políticos.

Gallardón ha dejado en manos de la fiscalía la decisión sobre un posible recurso a la decisión judicial sobre el escrache a la vicepresidenta.

Noticia de: El país 7/2/2014

 

Tras la reforma de la Ley hipotecaria del PP, siguen aumentando los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Aumentan los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Hace ya más de cinco años que la PAH denuncia el ritmo alarmante de desahucios que se producen en el Estado Español. Tras más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, los últimos datos confirman el fracaso estrepitoso de la ley 1/2013 del PP, aprobada tras rechazar las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, en mayo de 2013. Según datos de la propia banca, sólo en 2013 los bancos se han apropiado de 50.000 viviendas, un 11% más que en 2013. La emergencia habitacional en España es una de las caras mas dramáticas de la crisis: a dia de hoy, el nivel de ejecuciones hipotecarias y desahucios no tiene parangón en Europa. España sigue siendo una anomalía, en la que se ha normalizado la barbarie.

Al drama de los desahucios se suma el escándalo democrático que supone la inexistencia de datos fiables. Los datos sobre desahucios publicados ayer son datos elaborados a través de encuestas a las propias entidades financieras, quienes tienden a minimizar el problema y cuya credibilidad social está bajo mínimos. Resulta vergonzoso que, en un momento de crisis democrática como el actual, en el que hacer frente a la sangría de los desahucios es un clamor popular, los únicos datos disponibles sean los del Poder Judicial (inexactos y genéricos) y los de la propia banca, responsable del desastre y bajo sospecha permanente. Según los datos oficiales, aún no sabemos cuántos menores se ven afectados por estos procesos, ni personas enfermas, ni cuantas personas son realojadas por la administración, ni cuales son las entidades que más desahucian… Los únicos datos existentes sobre estos particulares, los ha recogido la PAH, junto al observatori DESC: Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

A pesar de que los datos de la banca siempre tienden a la baja, sus propias estadísticas confirman el nivel de emergencia habitacional. El Banco de España afirma que sólo en 2013 se perdieron cerca de 50.000 viviendas por impago de la hipoteca, de las cuales la inmensa mayoría (39.000) fueron primera vivienda. En este dato alarmante, no obstante, no se contabilizan los desahucios por impago de alquiler, que van en rápido aumento, y afectan a un número cada vez mayor de la población. 39.000 familias perdieron su casa en 2013 por no poder pagar la hipoteca, mientras los bancos siguen siendo rescatados con miles de millones de euros, amparados por una ley criminal que condena a las familias y defiende los privilegios de las entidades financieras.

De las 39.000 de primera vivienda, la mayoría fueron entregas judiciales (21.000). Es decir, desahucios judiciales. Del resto, 13.178 fueron daciones en pago. Muchas de estas daciones se han logrado gracias a la lucha constante de las PAH y, a pesar de ser una victoria de las familias que lo han logrado, si no han ido acompañadas de un alquiler social (y eso los datos del BDE no lo dicen), son también un desahucio, aunque no conste judicialmente. Llamar a la dación en pago, como hace el BDE, “entrega voluntaria” es un eufemismo de mal gusto. Nadie pierde la propia casa de forma “voluntaria”. La dación en pago, siempre lo hemos dicho, es una demanda de mínimos que permite no ser condenado a la muerte civil con una deuda de por vida, pero que implica la pérdida de la vivienda a menos que vaya acompañada de un alquiler social, tal y como propone la ILP de la PAH que recogió cerca de un millón y medio de firmas.

Hablan los datos: la ley 1/2013 del PP es un fracaso estrepitoso. Es una ley criminal, que permite que sigan aumentando los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios, como no podía ser de otra manera con un norma hecha al dictado de los bancos, que sigue violando derechos humanos y excluyendo a las personas más vulnerables. Como dijimos en su momento esta ley no pretendía proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas por una gran mayoría de la población a través de la ILP.

La ILP de la PAH está más viva que nunca, sus medidas son más necesarias que nunca, tal y como demuestran las 214 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos o aplicando la desobediencia civil. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis.Porque es una cuestión de democracia. Hasta entonces,seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

La semana en la que el BDE publica sus datos, es también la semana de la recta final de lacampaña electoral para las europeas. La PAH también ha entrado en campaña, retomando lacampaña de escraches para seguir señalando a los culpables de esta situación de emergencia habitacional y de vulneración sistemática de derechos: la #BancaCriminal y el gobierno del PP, que con su mayoría absoluta ha bloqueado nuestras propuestas de mínimos, condenando a miles de personas a la exlcusión. Por eso, con los escraches silenciosos queremos informar a la ciudadanía que votar al PP es votar No a la ILP, es votar desahucios, es votar rescatar a la banca y no a las personas.

Centramos nuestros escraches en el Partido Popular porque es quien, a día de hoy, sigue bloqueando la ILP con su mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, no olvidamos que el PSOE es igualmente responsable de la mercantilización de la vivienda, de las medidas que incharon la burbuja inmobiliaria. Durante años, PSOE y PP, de la mano como socios, han estafado a la población, han rescatado a la banca, han votado juntos contra la dación en pago en al menos seis ocasiones, han agilizado los desahucios… El 25 de mayo, en las PAH tendremos claro a quien NO votar: ¡ni PSOE ni PP!

Mientras, la sociedad civil organizada seguirá garantizando derechos que el gobierno pisotea, porque ya estamos demostrando que Sí Se Puede, aunque ellos no quieran.

COMUNICADO DE LOS COMPAHS DE PAH MADRID

Según la nota informativa recientemente publicada por el Banco de España, casi 50.000 familias perdieron su casa en 2013. Un 11% más que en 2012. De estas viviendas, cerca del 80% eran domicilio habitual. En total 38.961 familias desahuciadas de su primera vivienda en 2013. En todos los casos en que se ha desahuciado sin contemplar alojamiento alternativo, el desalojo constituye una violación de derechos humanos reconocidos en los Tratados firmados por España.

Desde PAH Madrid, queremos denunciar la estafa financiera que, año a año, hace aumentar el número de desahucios y que está dejando a decenas de miles de familia en la calle sin alternativa habitacional.

Además, queremos resaltar las limitaciones de esta nota informativa.

Esta nota no menciona qué bancos están desahuciando, pese a reconocer que los datos que contiene están facilitados por las propias entidades financieras. Consideramos que este dato es de especial interés ya que varias entidades en este país han sido rescatados con dinero público. Ningún desahucio de primera residencia debe ser permitido, pero resulta especialmente trágico que los bancos rescatados con dinero de todos sigan dejando a familias en la calle. Consideramos que este es un dato de especial interés que debería ser público.

Según el Banco de España, más de la mitad de las entregas de vivienda habitual en 2013 (21.054, un 54% del total) se produjeron por vía judicial, y en la gran mayoría de los casos las viviendas estaban ya vacías. En este sentido, denunciamos la situación de indefensión a la que se enfrentan muchas familias ante el procedimiento de ejecución hipotecaria, tramitados en su mayoría sin asistencia letrada, algo que supone una vez más una violación de derechos fundamentales.

También denunciamos la falta de información y recursos con las que la mayoría de familias se enfrentan a la entidad financiera y al procedimiento judicial, y la falta de compromiso de las instituciones públicas para revertir esta situación, llevando a muchas familias, presas del miedo, a abandonar sus viviendas antes de que concluya el procedimiento judicial, o sin explorar todas las vías para lograr su permanencia en su vivienda. Denunciamos también como la inmensa mayoría de estas familias, tras la entrega de la vivienda, mantienen una deuda perpetua con la entidad financiera que las condena a la exclusión social.

Los datos del Banco de España muestran también cómo la mayoría de entregas voluntarias de vivienda habitual, que suponen un 46% del total, se producen a través de la dación en pago (13.178 de un total de 17.907 entregas voluntarias, un 73,59%). Ésta es una de las medidas de mínimos defendidas por la PAH para garantizar que la pérdida de vivienda no vaya acompañada de una deuda perpetua con la entidad financiera. Es destacable en este sentido que el número total de daciones en pago en vivienda habitual desciende respecto al 2012. Esto nos habla de la dureza con la que la mayoría de entidades financieras siguen afrontando la búsqueda de un acuerdo con las familias, haciendo prevalecer su posición de fuerza frente a los deudores habitacionales y dejando patente que su mayor interés es maximizar sus beneficios, y no colaborar a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales.

De la misma manera, consideramos que esta nota no demuestra el problema de los desahucios en toda su magnitud. A parte de los desahucios hipotecarios, una de las mayores injusticias que nos estamos encontrando con respecto a esta temática son los desahucios de vivienda pública y social.

Estos desahucios son especialmente dramáticos porque las familias que los habitan son colectivos en riesgo de exclusión social. En lugar de desarrollar unas políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda, desahuciamos vivienda pública para podérsela vender a Fondos de Inversión a precio de saldo, como es el caso del lote de 1.860 viviendas que ha sido vendido por la EMVS a Blakcstone.

En relación a los desahucios con intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los datos aportados por el Banco de España anuncian un elevado descenso de los mismos: 93 de primera vivienda y 147 en total en el año 2013, frente a los 246 del 2012. Consideramos que estos datos ocultan la inmensa mayoría de desalojos forzosos que se producen por las vías anteriormente mencionadas, y que si bien no requieren el empleo de las fuerzas de orden público, siguen siendo altamente violentos porque vulneran derechos fundamentales de las familias. Además, no informan de la cantidad de desahucios en los que la fuerza pública no llega a intervenir, ni se ejecutan los lanzamientos, por la acción de los y las vecinas que defienden los derechos habitacionales de las familias a través de la campaña Stop Desahucios. Es por ello que seguimos denunciando con rotundidad la represión que sufrimos día a día los y las defensoras del derecho a la vivienda.

El problema de los desahucios es muy amplio y una de las batallas que damos desde las PAHs es tratar de mostrar la su auténtica magnitud, así como la injusticia que se lleva a cabo con ellos. No pararemos en nuestra labor.

Sí Se Puede.

PAH Madrid

Nota: puedes encontrar la nota informativa del Banco de España pinchando aquí